El Loco Barrera no es el último gran capo, como afirma Santos. Si de lo que se trata es de ‘graduar’ a bandidos de capos, entonces se podría decir que el último gran capo del narcotráfico colombiano fue Pablo Escobar Gaviria. Tanto es así que hasta los canales de televisión nacional Caracol y RCN se han encargado de mantener viva su memoria mediante series que lo muestran generoso con sus amigos y amantísimo con sus mujeres. El gran capo fue, pues, Escobar. Si el Loco Barrera fuese el último gran capo ya Caracol y RCN Televisión estarían preparando una serie con su nombre, y eso no va a ocurrir. Quienes ‘gradúan’ a los grandes capos en la Colombia de hoy, Presidente, son los medios de comunicación, concretamente la televisión, que encontró en la “telebasura” el filón que le hacía falta para multiplicar por miles sus ganancias.

Prueba de que Escobar ha sido el más grande narcotraficante colombiano es que hoy los niños y los jóvenes de Medellín, quienes no padecieron la arremetida terrorista de ese monstruo del mal, quieren parecerse a él y así lo pregonan en las comunas de la ciudad, como recientemente lo denunciaron muchos habitantes de ellas, alarmados con el brote de ‘pablosescobares’ que empieza a sentirse en los barrios, y no solo en los más marginados. Para no hablar del álbum de ‘monitas’ que se vende en las esquinas de la ciudad como si fueran empanadas.

De manera que el último gran capo fue Pablo Escobar. El Loco Barrera es simplemente uno de los tantos traquetos que ha engendrado ese maldito negocio, y quien, gracias a que acumuló más muertos que sus amigos y que sus enemigos, logró ascender dentro de las organizaciones criminales que el narcotráfico produce y se ganó el temor de unos y otros. Con la plata, ya se sabe, compró autoridades de aquí (Colombia) y de allá (Venezuela), hasta que su presencia resultó incómoda en ambos lados y lo entregaron para que lo presentaran esposado, como han hecho con cientos de últimos grandes capos. Ya perdí la cuenta del número de narcotraficantes que han traicionado sus secuaces y son mostrados como mansas palomas para que los medios registren su prontuario y sus andanzas.

Pero, Presidente, si de verdad quiere que hablemos en plata blanca de capos, entonces habría que decir que el gran capo ha sido, es y seguirá siendo el narcotráfico, que es el que hace que en Colombia y en el resto del mundo nazcan ‘pablosescobares’ y ‘locosbarreras’ en camadas, como si fueran conejos. No voy a nombrar la lista de los últimos que ha parido el narcotráfico en Colombia porque el espacio de esta columna no me alcanza.

Así las cosas, no nos llamemos a engaños. El Loco Barrera es un ‘lavaperros’ (como se les conoce en la jerga de los narcos) que llegó a tener éxito gracias a sus métodos crueles. Nada más. Como él hay muchos en Colombia y en México y hasta en los propios Estados Unidos, donde el perverso negocio tiene el último eslabón, que es el del consumo, del que hacen parte millones de personas. Aquí hay capos porque allá hay consumidores. El día que los norteamericanos no se metan la droga que se produce acá, no habrá capos. Ni más ni menos. Y como ello es así, entonces es errado decir que El Loco Barrera es el último gran capo. Sería mucho más correcto afirmar, Presidente, con todo respeto, que El Loco Barrera es el último gran capo…por ahora.

Por. Oscar Montes
oscarmontes65@yahoo.es

El hundimiento de la iniciativa aplazó quién sabe para cuándo la solución de los gravísimos problemas que aquejan hoy por hoy a la administración de justicia en el país. A juzgar por la agenda legislativa que el Gobierno acaba de radicar ante el Congreso de la República, la tan esperada reforma judicial tampoco será una realidad durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Es evidente que el Gobierno no está interesado en sufrir un nuevo desgaste político con un tema que deberá ser objeto de duros debates en el Congreso de la República y que podría comprometer el futuro inmediato del presidente Juan Manuel Santos, interesado en sumar respaldo político de cara a una posible reelección.

Los congresistas tampoco parecen interesados en cargar con ese muerto, mucho más si dicha reforma no contempla garantías procesales universales como la doble instancia.

Las altas cortes tampoco quieren meterle muela al asunto, pues no quieren perder las gabelas que tienen en materia electoral, sobre todo a la hora de escoger Contador General, Procurador, Contralor. Así las cosas, la reforma judicial carece de dolientes y pese a su urgencia nada hace pensar que será una realidad en este Gobierno.

El hacinamiento carcelario es de presos, no de visitantes

La congestión judicial, que ya es endémica en el país, seguirá siendo probablemente uno de los mayores problemas y comprometerá a todas las especialidades de la administración de justicia.

Hay congestión en lo civil, en lo disciplinario, en lo contencioso administrativo y especialmente en lo penal, fenómeno que incide directamente en el hacinamiento carcelario y que vemos todos los días en horripilantes escenas que muestran los noticieros de televisión. Hasta en lo constitucional hay congestión.

No obstante ello -y ante semejante panorama- la única propuesta que se le ha escuchado a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ha sido la de establecer la figura del ‘Pico y Placa’ para las visitas a los reclusos por parte de sus familiares, mecanismo que soluciona la congestión de las visitas a las cárceles, pero que resulta absolutamente inútil para enfrentar el verdadero problema del hacinamiento de los presos.

Mejor dicho: el trancón no es de visitantes, sino de reclusos. Nada ha dicho la Ministra sobre la política de descuentos procesales, tampoco sobre los problemas que enfrenta el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como lo acabamos de ver con el asesinato en las playas de Cartagena de un fiscal de menores por parte de un joven de 16 años.

No sabemos si es por temor ante la impopularidad de la reforma hundida, por franco desconocimiento de los problemas de la justicia, o por simple decisión política de no hacer nada, pero preocupa la inmovilidad sobre asuntos vitales de la administración de justicia.

El Ministerio Público y el principio de neutralidad

Cuando se habla de justicia, al país algunas veces se le pasa por alto la Procuraduría General de la Nación, organismo que no solo cuenta con una frondosa y costosa nómina, sino que en más de una ocasión sus agentes -sobre todo los que actúan ante las altas cortes- toman partido en contra de los procesados con el único fin de congraciarse con los magistrados para los que casi siempre están haciendo campaña.

Cada día es más frecuente el triste espectáculo que brindan los delegados del Ministerio Público, quienes muchas veces terminan alejándose de los principios de neutralidad y asumen posturas que favorecen a jueces y magistrados, quienes saben que cuentan con su pleno respaldo.

Se trata, obviamente, de un comportamiento indecoroso que en nada contribuye a la buena administración de justicia. Cuánta de la congestión carcelaria que hoy afronta el país pudo evitarse si los delegados del Ministerio Público hubieran cumplido a cabalidad sus funciones.

Carteles de testigos y doble instancia de parlamentarios

Aunque en Colombia resulte muy popular hablar mal del Congreso en general y de los congresistas en particular, lo cierto es que si en algo tiene razón la clase parlamentaria nacional es en sus reclamos en el sentido de encontrarse en desventaja frente a la Rama Judicial, hasta el punto de comprometer su independencia, puesto que modifica las reglas de juego de la democracia clásica en lo que tiene que ver con la separación de poderes.

Sobre los congresistas penden hoy las amenazas de procesos penales fundamentados en testimonios amañados que responden a intereses propios de los miembros de grupos al margen de la Ley y quienes han llegado a la desfachatez de operar como “verdaderos carteles”, tal y como lo reconoció el fiscal General, Eduardo Montealegre.

En ningún país del mundo los parlamentarios pueden ejercer de manera autónoma su función de control político, de oposición o simplemente legislativa, si sobre ellos hay todo tipo de presiones por parte de un sistema que define su suerte y que además ejerce sus funciones como única instancia.

Por lo anterior es urgente discutir un modelo de administración de justicia que permita a los congresistas la posibilidad de una segunda instancia y les brinde las garantías procesales que hoy no tienen, así dicha iniciativa resulte impopular.

El Gobierno no está interesado en la Reforma Judicial

En medio de una agenda legislativa que se muestra absolutamente congestionada y con un panorama político enrarecido porque el año entrante se inicia la campaña parlamentaria, el presidente Juan Manuel Santos decide si se lanza a la reelección, y también se conocerá el éxito o el fracaso de las negociaciones con las Farc; es apenas obvio que el tema de la Reforma a la Justicia es el menos importante para el Gobierno.

Y ello es así porque, sin duda,se trata del que mayor debate necesita en el Congreso, lo que le generaría al Gobierno un desgaste en su maltrecha relación con los partidos y movimientos que integran la llamada Unidad Nacional, así como una nueva confrontación con las altas cortes, que siguen interesadas en sacarle provecho a una reforma particularmente generosa con sus intereses.

En esas condiciones, el Gobierno no le meterá el diente a una iniciativa que podría significarle un enorme costo político, con lo cual la necesitada y ansiada reforma judicial seguirá aplazada.

Por Óscar Montes
@leydelmontes

En el fútbol el caso más reciente es el de Faustino Asprilla, a quien Arrigo Sacchi, considerado el mejor técnico del mundo en ese momento, definió como el mejor delantero del fútbol europeo cuando el Tino era la mayor atracción del Parma de Italia, equipo al que con sus goles llevó a disputar varias finales. Asprilla era el delantero al que todos los equipos de élite del Viejo Continente querían tener en su alineación. Pero Asprilla jamás entendió que el público que pagaba por verlo jugar también quería que fuera un deportista ejemplar, algo que nunca sucedió, debido a que Asprilla –al igual que Pambelé- terminó siendo noticia más por sus escándalos que por sus logros deportivos.

Otro tanto pasó con René Higuita, uno de los mejores arqueros que ha tenido Colombia, después de Efraín ‘Caimán’ Sánchez, Gabriel Ochoa Uribe o Pedro Antonio Zape. Higuita derrochó talento en las canchas y escándalos por fuera de ellas.

Por todo el anterior es que el caso de Radamel Falcao García merece ser destacado, como en su momento también ponderamos el de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos. Se trata de verdaderos modelos a seguir por parte de nuestra juventud. Son inspiradores, pues se convierten en referentes de toda una generación que ve en ellos a alguien a quien quieren imitar, porque su excelencia no ha sido solo deportiva sino personal.

Radamel Falcao García es un inspirador, un deportista dotado de un instinto superlativo como delantero hasta el punto de que hoy por hoy hay consenso a la hora de considerarlo el mejor ‘nueve’. Todo el mundo lo dice, pero nosotros todavía no creemos que ello sea así, quizá porque seguimos teniendo el complejo del hermano menor que nos hace pensar que todos los demás son mejores que nosotros. En Argentina, un comentarista de los quilates de Fernando Niembro no ahorra adjetivos a la hora de hablar de las calidades de Falcao, lo mismo sucede con los redactores deportivos de España, Portugal, Italia o Inglaterra. Pese a ello, aquí en Colombia todavía nos preguntamos, ¿será que sí?

Falcao como goleador tiene iguales o mejores registros que un Messi o un Ronaldo. Es un definidor letal en el área, un cabeceador como muy pocos, pese a que no se trata de un delantero de gran estatura. Su gran fortaleza es su ubicación en el área, su capacidad para desmarcarse y una gran habilidad para saltar en el momento oportuno. A ello hay que sumarle una disposición de lucha, un pundonor y una entrega que lo llevan a pelear todos los balones como si fueran los últimos.

Pero si Falcao como futbolista es un modelo a seguir, como persona no tiene ningún reproche. Jamás se ha escuchado su nombre en medio de un escándalo extradeportivo. Nunca ha sido objeto de denuncias o demandas por agredir a alguien bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ni por expresiones salidas de tono en sus múltiples declaraciones, caracterizadas siempre por su mesura. Su comportamiento por fuera de las canchas no merece ningún reproche. Ahí radica buena parte del éxito de Falcao, en una vida personal carente de excesos. Falcao es humilde en la cancha, pero lo es mucho más fuera de ella. Esa es la razón por la cual la mayoría de los jóvenes colombianos sueñan hoy con ser Falcao García. Es el modelo a seguir y su inspirador.

Por Oscar Montes

“Si de lo que se trata es de hablar con sinceridad, las Farc deberían empezar por reconocer que viven de ambas actividades ilícitas”, me dijo un exasesor de paz con quien hablé, luego de escuchar las declaraciones de los voceros de las Farc.

Pero las anteriores son apenas dos de las piedras que van a incomodar los zapatos tanto del Gobierno como del grupo insurrecto, sobre todo por la evidente falta de sinceridad por parte de ese grupo.

Hay otros asuntos igualmente complejos que deben ser abordados por los negociadores, entre ellos el del cese del fuego bilateral y el tiempo de las negociaciones. Nadie ha dicho que los diálogos van a ser fáciles.

Todo lo contrario: las malas experiencias del pasado reciente indican que cuando se trata de negociar con las Farc es mejor no hacerse muchas ilusiones y ser cautos a la hora de los análisis. En estos casos es mejor pecar por defecto que por exceso.

Como quienes negocian son los enemigos y no los amigos, nadie espera que las conversaciones entre el Gobierno y las Farc sean una especie de “empanadas bailables” en las que no habrá ningún tipo de tropiezo. Lo que se espera es que los mismos sean superados con una buena dosis de realismo político y de pragmatismo.

En ese sentido son de buen recibo las palabras de alias Rodrigo Granda en La Habana, según as cuales las Farc no se levantarán de las mesa sin haber firmado la paz. Colombia espera que por lo menos esta vez sean ciertas.

Sin cese del fuego habrá escalamiento de la guerra

Tanto el Gobierno como las Farc han afirmado que no habrá cese del fuego mientras se desarrollan las conversaciones tanto en Oslo como en la Habana. Ello en términos prácticos significa simple y llanamente que habrá “escalamiento de los ataques guerrilleros”, como de hecho ha venido sucediendo.

Las Farc necesitan escalar sus ataques porque le urge llegar fortalecida la mesa para tratar de demostrar que no es cierta la premisa de que estamos en el “fin del fin de la guerra” por cuenta de la inminente derrota militar de las Farc. Aunque hay quienes consideran que el Gobierno debió pactar un cese del fuego de forma unilateral por parte de las Farc, es apenas obvio que dicho grupo no aceptaría ese condicionamiento, que podría neutralizarlas estratégica y militarmente. La pregunta que surge ante este escenario es ¿qué va a pasar con la población civil que quedará atrapada entre dos fuegos? ¿Quién se encargará de garantizar su integridad? El Gobierno y las Farc tienen la palabra.

Sí existen vínculos de las Farc con carteles de la droga

La persona que más sabe en Colombia sobre las Farc y sus vínculos con las organizaciones narcotraficantes es el general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, quien ahora hace parte de la mesa de negociación, delegado por el presidente Juan Manuel Santos.

Es al General Naranjo a quien las Farc tienen que convencer de que no están en el negocio del narcotráfico, como lo declaró alias Marcos Calarca en La Habana. De hecho, fue el propio general Naranjo quien denunció, siendo director de la Policía, las estrechas relaciones del grupo guerrillero con los carteles mexicanos. Informes de inteligencia en poder de la Policía y de organismos estadounidenses indican que varios frentes de las Farc viven exclusivamente del negocio de la coca, uno de ellos era comandado por alias El Negro Acacio, considerado el capo narcotraficante de las Farc.

Acacio no cobraba impuesto a los campesinos cultivadores de hojas de coca: él administraba los laboratorios y se entendía con los narcotraficantes mexicanos. Así consta en los informes de inteligencia. Y aunque el presidente Santos, en entrevista concedida a Rodrigo Pardo, director de RCN Televisión, y Vicky Dávila, directora de La FM, se cuidó de no meterse en ese espinoso tema y prefirió dejarlo para que lo estudien los negociadores del Gobierno, es evidente que de la mesa de diálogo debe salir el compromiso por parte de las Farc de abandonar el negocio, que no tiene nada que ver con la legalización de la droga, que sí es un tema que debe ser debatido por la comunidad internacional, como dice Santos.

Al igual que sucede con el secuestro, el del narcotráfico es otro asunto delicado que debe ser abordado por los negociadores. En el Caguán el tema fue subestimado por el Gobierno y ello a la postre resultó fatal.

Aunque lo nieguen, las Farc sí tienen personas secuestradas

De todas las afirmaciones de los delegados de las Farc en La Habana las que peor cayeron fueron las de alias Rodrigo Granda, quien sostuvo que ese grupo guerrillero no secuestra y que no hay secuestrados en su poder.

Las palabras de Granda fueron interpretadas como una afrenta a un país que ha padecido por décadas el flagelo del secuestro, buena parte de ellos realizados por las Farc, como consta en centenares de testimonios de familiares de los plagiados.

No se trata, pues, de un invento de los “francotiradores del proceso de paz”, como sostuvo con cinismo el jefe guerrillero. Según cifras de la fundación País Libre -la que mejor información posee sobre ese delito- entre 2002 y 2012 fueron secuestradas en Colombia 2.678 personas y de ellas hay en la actualidad 405 en poder de las Farc.

No hay razón para pensar que País Libre se inventa los secuestros en e país, entre otras cosas porque quien está al frente de la Fundación es Clara Rojas, una mujer que estuvo secuestrada por las Farc, como a todo el mundo le consta.

De manera que el tema del secuestro debe llegar a la mesa de negociación con todas las implicaciones que tiene y las Farc deberían tener el valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con el país a entregar un listado completo de cuántas personas tienen hoy en su poder.

Eso es lo serio si quieren negociar en serio. Negarlo es sencillamente una burla no solo al Gobierno, sino al país. Y el Gobierno, por su parte, debe escuchar el clamor de quienes denuncian los casos de secuestro y responsabilizan a las Farc, organización que además está acostumbrada a mentir sobre este tema. Pretender ‘pasar de agache’ para no enturbiar los incipientes diálogos es un error que no debería cometer el Gobierno.

¿Santos dialoga por convicción o por desesperación?

Aunque hay quienes piensan que el presidente Santos llegó a la negociación con las Farc más por desesperación que por convicción, producto de su desplome en las encuestas, lo cierto es que el mandatario nunca descartó el diálogo con la guerrilla y siempre sostuvo que la “llave de la paz” estaba muy segura en sus bolsillos.

El asunto ahora es de tiempos, pues es claro que la negociación no se puede prolongar de manera indefinida, pues terminaría afectando tanto al Gobierno como a las Farc.

El primero porque sabe muy bien que su reelección depende directamente del éxito o el fracaso de las conversaciones, y las Farc porque deben entender que esta es la última oportunidad que tienen para abandonar las armas y reinsertarse a la vida civil con las garantías que el Gobierno les puede ofrecer.

De ahí que Santos haya dicho que no está dispuesto a convertirse en “rehén de las conversaciones” y que si no ve avances en la negociación el Gobierno se levantaría de la mesa.

Por Óscar Montes
@leydelmontes

En el caso de Pastrana, el país recuerda que ganó la Presidencia enarbolando la bandera de la negociación de la paz con las Farc y también tiene muy presente la forma como terminó todo, con un mandatario desprestigiado y una guerrilla despreciada por más del 90 por ciento de los colombianos. Y en el caso de Uribe, su triunfo se debió a una oferta electoral diametralmente distinta a la de Pastrana en su momento, pero también ligada a las Farc: la posibilidad de derrotarlas militarmente o, incluso, de aniquilarlas. Ambos fracasaron en su intento. Ni Pastrana hizo la paz ni Uribe desapareció a las Farc. No obstante, lo que ambos deben reconocer es que ese grupo guerrillero les definió su agenda política y marcó sus mandatos. Ahora el presidente Juan Manuel Santos acaba de abrir un nuevo capítulo en esa novela que por décadas han escrito los presidentes de Colombia y las Farc. Santos, como Pastrana, también decidió apostarle a la salida negociada y se embarcó -y embarcó al país- en las procelosas aguas de un proceso de paz con las Farc. En plata blanca ello significa que Santos decidió amarrar su suerte política a la negociación con ese grupo insurgente. De su éxito o su fracaso dependerá también el éxito o el fracaso no solo de Santos como Presidente, sino de Santos como candidato presidencial en 2014, pues la paz será el gran issue de la campaña de 2014. Y en la otra orilla estarán quienes se oponen a la propuesta del Gobierno, como el procurador Alejandro Ordóñez, entre otros. Las Farc, pues, una vez más, definirán la suerte del próximo Presidente de Colombia.

Fracaso tras fracaso: desde B. Betancur hasta A. Pastrana

Quienes sostienen que el actual es el mejor momento para iniciar un proceso de negociación con las Farc tienen toda la razón. No solo porque es evidente que el grupo guerrillero se encuentra en su peor época en términos militares y políticos, sino porque es indudable que las Fuerzas Militares del país están hoy mucho más fortalecidas que hace varios años, cuando otros gobiernos, incluyendo a Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana, decidieron apostarle a un proceso de paz con ese grupo guerrillero. En tiempos de Belisario,por ejemplo, las Farc tenían no solo a sus máximos jefes vivos -Jacobo Arenas y Manuel Marulanda-, sino que contaba con cuadros que habían formado para seguir en la lucha armada -como Alfonso Cano, Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Iván Márquez, Pablo Catatumbo y hasta el propio Timoleón Jiménez alias Timochenko, quien es hoy su máximo comandante-. Muertos cuatro de sus mayores referentes, tanto políticos como militares, las Farc entraron en una etapa de reacomodamiento interno que aún no termina y cuyos resultados podrían, incluso, comprometer la suerte misma del plan que apenas se vislumbra entre el gobierno de Santos y las Farc. César Gaviria, por su parte, también se embarcó en un proyecto de paz con las Farc, pero antes había ordenado el ataque militar a Casa Verde -sede de los comandantes del grupo guerrillero- quienes aprovecharon las mesas de conversaciones de Caracas y Tlaxcala para pasarle cuenta de cobro al Gobierno por el “atrevimiento” que tuvo de bombardear su “santuario”. De hecho, las Farc se levantaron de la mesa de Tlaxcala con el firme propósito de fortalecerse militarmente para iniciar la ofensiva y tomarse el poder. “Volveremos a hablar después de otros 500 mil muertos”, fue la frase que le escuché en Tlaxcala a Alfonso Cano, entonces negociador de las Farc, antes de regresar a las selvas colombianas. Durante el gobierno de Ernesto Samper las Farc propinaron duros golpes al Ejército, hasta el punto que atacaron bases militares como Patascoy, lo que les permitió llegar ‘fortalecidas’ militarmente al Caguán.

Negociar con las Farc en medio del ‘fuego amigo’

Cuando Andrés Pastrana inició el proceso de paz con las Farc, el país acababa de respaldar con más de 7 millones de sufragios el llamado Voto Ciudadano por la Paz; es decir Pastrana dio cumplimiento a un mandato popular que lo facultaba para negociar con los grupos guerrilleros, concretamente con las Farc. Santos, en cambio, tendrá que sacar adelante una negociación en medio del ‘fuego amigo’ que significa ser el blanco de todas las críticas por parte no solo del expresidente Álvaro Uribe, hoy por hoy su más grande contradictor político, sino también por parte de connotados protagonistas de la vida nacional, como el procurador Alejandro Ordóñez, quien se declaró enemigo de la negociación y que muy seguramente será reelegido, lo que significa que Santos pondrá en la mira del jefe del Ministerio Público a sus más cercanos colaboradores, especialmente a quienes lideren las negociaciones. Santos contará, eso sí, con el acompañamiento de la comunidad internacional y con buena parte de los integrantes de la Unidad Nacional.

Los diálogos deben ser secretos, pero la agenda que se negocia debe ser pública

Ni siquiera en Oslo podrán tanto el Gobierno como las Farc iniciar un proceso de paz bajo la absoluta confidencialidad. Y ello es así sencillamente porque los primeros que querrán contar su versión de lo que se está negociando serán las partes, pues es evidente que quien tenga el control de la información sobre el proceso de negociación tendrán también el control sobre la agenda. La única solución que tiene ese asunto, sin duda delicado, es que los diálogos que se desarrollen en la mesa de negociación sean privados pero la agenda que se negocie sea pública. Ello significa que los colombianos deben saber exactamente qué se está negociando, sea en Oslo, La Habana o cualquier otro lugar del planeta. No hacerlo es darle la razón a quienes sostienen que el Gobierno y la guerrilla negocian de espaldas al país. Lo que sí tienen que hacer las partes es evitar los protagonismos de quienes fungen de negociadores o hacen parte de los equipos que están al frente de las conversaciones, como ocurrió en el Caguán, donde todos, especialmente los voceros de las Farc, eran tratados como ‘vedettes’ por parte de los medios de comunicación. El pecado consiste en volver protagonistas a negociadores y pretender ocultar la agenda.

Juan Manuel Santos deberá convencer a las tropas de que sí es cierto aquello de que “la paz es la victoria”

Las Fuerzas Militares de Colombia han dado muestras históricamente de absoluto acatamiento a las órdenes emitidas por el Presidente de la República, así muchas de ellas no sean compartidas por los altos mandos. Ocurrió con Belisario, Gaviria y Pastrana. En todos esos procesos, los altos mandos militares expresaron a los mandatarios sus observaciones sobre las consecuencias que tendría para las tropas y para el país una negociación con los grupos guerrilleros. En algunas ocasiones, como sucedió con Pastrana, el llamado ‘ruido de sables’ termina con el llamado a calificar servicios de los oficiales más rebeldes con las decisiones del Ejecutivo. En esta oportunidad las cosas no serán diferentes, entre otras razones porque quien estará al frente de la negociación no solo es el propio Presidente, sino un ex ministro de Defensa quien conoce cómo es que se mueven los hilos en los cuarteles. En lo que sí tendrá que aplicarse a fondo el presidente Santos es en convencer a la tropa -la misma que le pone el pecho a la guerra todos los días- de que la “paz es la victoria”, como pregona desde hace algunas semanas. Es decir, convencer a los uniformados de que la desmoralización de las tropas proviene del desgaste que produce la eternización de un conflicto y no en la terminación del mismo por la negociación política. En otras palabras, que negociar la paz no significa una claudicación. Pero Santos deberá, además, blindar a las Fuerzas Militares de la llamada ‘guerra jurídica’, que es el fantasma que las ronda.

Oscar Montes
@Leydelmontes

Que en Colombia los periodistas seamos blanco de toda clase de presiones, desde las que ejercen quienes ostentan posiciones de poder políticas y económicas legítimamente obtenidas, hasta aquellas que provienen de las trincheras de la ilegalidad y que se amparan bajo la protección de un fusil manchado con sangre de gente inocente, no nos asombra.

Los periodistas estamos acostumbrados en Colombia a ser objeto de todo tipo de violencia y quizá por ello nos hemos habituado a cargar con ese piano, casi que de manera suicida. Las cifras de periodistas que son amenazados todos los días son enormes y crecientes. Otros son asesinados y otros han abandonado el país ante la inminencia de ser asesinados, como ha ocurrido con tantos, desde directores de periódicos hasta humildes reporteros, quienes ejercen su oficio como un apostolado.

Los poderosos del mundo y de Colombia, por supuesto, presuponen que los periodistas solo tenemos dos opciones: ser lacayos o ser sus enemigos. No consideran una tercera. Si no somos lacayos corremos el riesgo que nos consideren enemigos. Pablo Escobar creía que si mataba a los periodistas, Colombia no se enteraría de sus atrocidades. Paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros piensan lo mismo.

Todos consideran, de forma equivocada, que matando al mensajero desaparece el mensaje. Y entonces proceden a actuar contra nosotros y nos amenazan y nos intimidan y nos secuestran y nos matan, cuando supuestamente ya no les quedan más alternativas. Pero resulta que nada de eso les funciona, sencillamente porque siempre habrá mensajeros con valor para denunciar sus atrocidades o sus actos de corrupción. Ahí están las cientos de páginas escritas por colegas inmolados.

Pero lo que jamás había sucedido en Colombia es que el máximo tribunal de Justicia decidiera emprender acciones legales contra dos periodistas que tuvieron el valor de expresar algunas críticas relacionadas con el retiro del funcionario que se echó sobre sus hombros la enorme responsabilidad de destapar el escándalo de la parapolítica, hecho que, por cierto, posicionó ante el país a la Corte Suprema de Justicia como uno de los entes que mayor confianza genera.

Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, así como el país entero, tienen todo el derecho a preguntarles a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema las razones por las cuales decidieron separar de su cargo al magistrado auxiliar Iván Velásquez. ¿Es eso un delito? ¿Un pecado?

Pero, además, tienen todo el derecho a expresar sus opiniones acerca de la manera como se comportaron algunos magistrados de la Suprema en episodios recientes del país, concretamente en lo que tiene que ver con el trámite de la Reforma a la Justicia, iniciativa que finalmente fue hundida. ¿Hicieron lobby algunos togados para lograr beneficios personales, relacionados con su edad de retiro o la prolongación de sus períodos? ¿Es eso un delito? ¿Es un pecado?

De manera que celebro que la Corte Suprema haya echado reversa en la decisión que había adoptado, liderada por el magistrado Leonidas Bustos, de procesar a las periodistas Cecilia Orozco y María Jimena Duzán. Lástima, eso sí, que con ese proceder hayan manchado las investiduras de los magistrados que respaldaron ese grave atentado a la libertad de prensa.

Pero es bueno que sepan que esa mácula en contra de la libertad de expresión no la podrán borrar, aunque hayan decidido parar el adefesio que en mala hora se le ocurrió al magistrado Bustos.

Por Óscar Montes
oscarmontes65@yahoo.es

Para decirlo en términos santistas: el Presidente decidió cambiar los maquinistas de las locomotoras. Curiosamente, la forma como lo hizo causó desconcierto en un amplio sector de la opinión pública, pues optó por pedir la renuncia protocolaria a todo el gabinete, en lugar de hacerlo gradualmente, que responde mucho más a su talante.

El caso es que en estos momentos todos los ministros están renunciados, lo que no deja de producir un “estado de nervios” en los jefes de las carteras, quienes no saben si se levantarán al día siguiente como ministro titular o como exministro, o exministra.

Por ello se espera que el Presidente decida muy pronto con quiénes se queda y quiénes salen de los distintos ministerios. El cambio de los jefes de las carteras ministeriales debería darse sin mayores despliegues mediáticos, pues si existe una política gubernamental se entiende que quien llega al despacho simplemente seguirá aplicando dicha política y que, obviamente, lo que habrá es un cambio en el estilo de ejecutarla.

Pero el cambio de ministros no debería implicar modificar la política, pues se asume que la misma es trazada desde la cabeza misma del poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Un expresidente liberal sostenía que siempre era bueno que los colombianos vieran caras nuevas en los carros oficiales y que para eso servían los cambios de ministros. ¿Será que se trata solo de caras nuevas?

¿Cuál debe ser el perfil de los nuevos miembros del gabinete?

El presidente Santos está ante la disyuntiva de escoger entre los técnicos o los políticos a los nuevos miembros del gabinete ministerial. Lo ideal sería encontrar a candidatos que cumplan las dos funciones, pero esos no abundan.

Si se inclina por los primeros, cuenta con la garantía del conocimiento que le brindan su condición de expertos en ciertos asuntos y si se decide por los segundos tendrá, sin duda, la ventaja que le ofrecen quienes saben lidiar con la clase política, que es la que termina decidiendo buena parte de las programas gubernamentales.

El balón está en la cancha del Presidente y es este quien decidirá cuál es el perfil de los jugadores que meterá a la cancha para que jueguen en el segundo tiempo del partido que empezó el pasado 7 de agosto. De los cambios que haga en la nómina se sabrá, además, las verdaderas intenciones de Santos con miras a su futuro político inmediato.

Un ministro como Horacio Serpa, por ejemplo, cuyo nombre está sonando con insistencia, le garantiza a Santos poder retomar el control del Congreso, que perdió con la salida de Germán Vargas Lleras y que no pudo recuperar con la llegada de Federico Renjifo, sobre todo después de la fallida Reforma Judicial, que dejó las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo en su peor momento. Serpa podría ser útil, además, en una eventual negociación con las Farc.

En la actualidad la agenda legislativa se encuentra empantanada. Tanto es así que el Gobierno debió abstenerse de presentar la reforma tributaria que tenía planificada, así como la educativa, que debió retirar ante la protesta masiva de los estudiantes. De manera que Santos tendrá que resolver cuanto antes su dilema en el alma.

¿Santos le dará juego a la Costa en el nuevo gabinete?

La designación de un gabinete ministerial es una de las tareas más complejas que debe afrontar un Presidente. Y una de la más ingratas: cuando se saben las identidades de los escogidos, son más los inconformes porque no los nombraron que los felices por haber sido nombrados.

Esa misión se vuelve mucho más complicada cuando quien selecciona a sus nuevos colaboradores está pensando seriamente en reelegirse y se encuentra en franco descenso en las encuestas. Entre los factores que pesan está el origen de los nuevos ministros.

El gabinete no puede ser muy paisa, como en tiempo de Uribe, ni muy bogotano, como ahora con Santos. La dosis regional debe estar muy bien repartida para no exponerse a echarse encima la malquerencia de toda una región. Y en el caso de Santos, la Región Caribe espera una mayor y mejor representación en el gabinete. Están los nombres, tanto de hombres como de mujeres, capaces de ocupar distintas carteras. El Presidente tiene la palabra.

¿Dónde están los voceros auténticos del santismo?

Así como el país conoció el llamado ‘kínder de Gaviria’, varios de cuyos miembros son hoy figuras de primer nivel tanto en el sector público como en el privado, Juan Manuel Santos sigue sin poder consolidar el ‘gabinete santista’, que será el encargado de defender y promover las políticas del Gobierno de la Prosperidad Democrática en el futuro.

Esos representantes del santismo siguen sin aparecer y a dos años de terminar su mandato no se vislumbra la figura que reciba el testigo para continuar con las políticas del actual gobierno. Dentro del gabinete actual solo Juan Carlos Pinzón, en Defensa (ratificado); Federico Renjifo, en Interior; María Fernanda Campos, en Educación, y Sergio Díaz Granados, en Comercio, Industria y Turismo, podrían considerarse como ‘santistas pura sangre’ y de ellos los tres primeros han sido objeto de duras críticas por su desempeño.

A diferencia de Ernesto Samper, quien desde la época del Poder Popular se preocupó por formar cuadros que le permitieran gobernar desde la Casa de Nariño pero que, una vez en ella, debió afrontar la crisis del proceso 8.000 que afectó su gobernabilidad, Santos ha tenido un gobierno con viento a favor, pues su mayor crisis ha sido por causas naturales, como el crudo invierno que afrontó durante su primer año de mandato, y no por razones políticas.

Andrés Pastrana también debió cargar con el piano de la negociación del Caguán, que terminó afectando gravemente su favorabilidad en las encuestas. Santos, a diferencia de ellos dos, ha tenido mayor libertad de movimiento y por ello resulta incomprensible que aún sigan sin aparecer los auténticos voceros del santismo en el futuro de la política colombiana.

¿Qué pasa con las mujeres y los afrodescendientes?

En varias oportunidades el presidente Santos ha dicho que la Ley de cuotas, en lugar de promover a más mujeres en el gabinete, termina por afectar la designación de un número superior al fijado por dicha norma.

La designación de un gabinete con una destacada participación femenina, tanto en número como en calidades profesionales, enviaría al país un mensaje contundente acerca de las verdaderas motivaciones de Santos con respecto a la participación de la mujer en su gabinete.

Pero donde el Gobierno sigue estando en deuda es, sin duda, en lo que tiene que ver con el nombramiento de afrodescendientes en altos cargos del Gobierno, incluyendo, obviamente, ministros y ministras.

De hecho, Laura Moreno en Cultura, en tiempos de Álvaro Uribe, ha sido la única ministra afrodescendiente designada por un gobierno en los últimos años. Santos tiene esa deuda pendiente y sería muy bueno que en esta oportunidad envíe la señal que se está frente a un gobierno incluyente.

Por Óscar Montes
@leydelmontes

Reto duro para Yeoh (“La dama y el dragón” – “Memorias de una Geisha”) recrear el símbolo de la resistencia contra una dictadura birmana, tan sanguinaria como la de los “jemeres rojos” de Cambodia o la de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Suu, en efecto, ha sido inclusive superior, como figura, a su padre, quien fue asesinado por los militares golpistas en 1946, cuando se proponía llevar adelante reformas políticas en ese país. Desde cuando regresó a su patria en 1988, al concluir sus estudios en Oxford, se convirtió en la esperanza de los líderes de los estudiantes y los campesinos que caían masacrados en las calles de Rangún o en las aldeas, por cuenta de uno coroneles que antes de matar consultaban a las pitonisas. Impacta la escena donde ella avanza hacia los cañones que le apuntan, sin que le falle la serenidad interior, para convencerlos de que por esa vía no lograrán hacerle daño ni dispersar las manifestaciones.

La menuda Suu reta a la dictadura con un estoicismo inspirado en Ghandi –ella fue profesora en India—con el firme apoyo de su esposo, el profesor británico Michael Aris, protagonizado por el actor británico David Thewlis (Remus Lupin, en Harry Potter). Esa relación cómplice entre uno y otro es la que le da fuerza a la película. Así, mientras ella soporta el arresto domiciliario para demostrar a la dictadura que no la podrá doblegar con las armas y la cárcel, él asume el apoyo a la causa birmana desde Londres, acompañado por sus dos jóvenes hijos, donde busca que la comunidad internacional frene los abusos y promueve la opción del otorgamiento del Nobel de la Paz. Aris terminará pagando un alto costo porque los militares no le permitirán entrar a Birmania en el estado terminal de su enfermedad para morir junto a su esposa, quien debe escoger entre abandonar su causa y salir del país o quedarse en Rangún para no bajar la guardia. Al final, el sueño de la libertad se impone sobre el íntimo deseo de estar al lado del esposo, padre y compañero de aventuras políticas.

Los 125 minutos de la película se vuelven insuficientes para contar esta dura historia de la vida real. Por eso deja la impresión, por momentos, de unos saltos inesperados en la narración. Pero eso es lo de menos por la calidad del trabajo de Besson y los actores

El episodio al que se refiere Uribe es el que tiene que ver con la captura del jefe guerrillero de las Farc Rodrigo Granda en diciembre de 2004 en el vecino país, operación que en su momento estuvo a punto de ocasionar el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. En aquella oportunidad, voceros del gobierno venezolano denunciaron que detrás de la intrépida acción estuvieron organismos de Inteligencia internacionales, concretamente de Estados Unidos. Tanto Chávez como sus más cercanos colaboradores, entre ellos el entonces vicepresidente José Alfredo Rangel, señalaron a Uribe de haber “secuestrado” a Granda por orden del entonces presidente estadounidense George W. Bush, con quien Uribe mantuvo estrechas relaciones.

La captura de Granda fue en su momento uno de los más duros golpes propinados a las Farc, pues el jefe guerrillero era considerado su ‘canciller’ y la persona que se encargaba de mover los hilos internacionales, junto a Raúl Reyes, quien fuera posteriormente abatido en territorio ecuatoriano, en otra operación militar que también produjo la más grave crisis diplomática con el gobierno de Rafael Correa.

Tanto Chávez, por Granda, como Correa, por Reyes, señalaron a Uribe de violar la soberanía de sus países, y sus reclamos fueron escuchados por la comunidad internacional y tuvieron acogida en los gobiernos de Luiz Inácio Lula de Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua, entre otros.

En sus recientes trinos contra Chávez, Uribe ha recreado todo el episodio de Granda y ha contado detalles del comportamiento asumido por el mandatario venezolano y su supuesta cobardía al no enfrentar a las Farc.

Es lo cierto, sin embargo, que la novela de Granda tiene dos capítulos: el primero es el de su captura y el segundo es el de su liberación. Uribe narra todos los detalles del primero, pero se cuida muy bien de brindar mayor información sobre el segundo.

Y es que, en efecto, sobre el segundo capítulo de esa novela lo que se sabe es que Uribe liberó a Granda por solicitud expresa de Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, quien lo convenció de que el ‘canciller’ de las Farc sería fundamental para la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permanecía en poder de ese grupo guerrillero desde 2002. El mandatario argumentó, en ese momento, que la liberación del jefe guerrillero obedecía a “razones de Estado”. Nada más. Luego se vino a saber que cerca de otros 50 guerrilleros también recibirían ese beneficio siempre y cuando se comprometieran a no seguir militando en ese grupo subversivo.

Lo curioso es que el país aún ignora cuáles fueron los compromisos que Uribe adquirió para liberar a Granda y cuáles los de Francia. ¿Por qué el Gobierno colombiano decidió liberar al jefe guerrillero, después de que su captura significara para el país casi que el rompimiento de relaciones con Venezuela? ¿A qué se comprometió el gobierno francés a cambio de la liberación de Granda? ¿Hubo acuerdos entre Francia y las Farc para liberar a Granda? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Ya que Uribe está tan interesado en revivir la historia, ¿por qué no nos cuenta a los colombianos bajo qué condiciones liberó a Granda, quien en su momento se negó a renunciar a las Farc y hoy hace parte de los jefes militares de ese grupo guerrillero? ¿Cuáles fueron las razones de Estado tan poderosas como para que al país nunca se le informara sus reales motivaciones?

Ojalá que en el libro que está a punto de publicar sobre sus ocho años de mandato –y que según sus allegados “será explosivo”–, Uribe cuente todos los pormenores de este episodio, que aún hoy tiene más preguntas que respuestas.¿Será que el ex Presidente se anima a contar la verdad verdadera de lo que pasó para que liberara a Granda por razones de Estado?

La historia es la siguiente: el presidente Juan Manuel Santos habría hecho saber a los senadores oficialistas que respaldaba la aspiración del exministro de Justicia Carlos Medellín, amigo del ministro Germán Vargas Lleras y quien contaba con el apoyo del liberalismo. Ocurrió, sin embargo, que pese al ‘guiño’ presidencial, los senadores, tanto del Partido de la U como del Partido Conservador, decidieron votar por Guerrero, quien a la postre obtuvo 57 votos, mientras que Medellín solo alcanzó 27; es decir, se trató de una verdadera paliza, para decirlo en términos deportivos.

La amarga experiencia vivida por Santos -la primera desde que llegó a la Casa de Nariño- lo llevó a decirles a varios de sus allegados que ya es hora de saber con quiénes cuenta el Gobierno y con quiénes no cuenta, dejando entrever que hoy por hoy se siente más respaldado por el liberalismo que por La U y los conservadores.

Es obvio que unos y otros le están enviando al Presidente el mensaje de inconformidad por la forma como manejó el fracaso de la reforma judicial, donde el Ejecutivo le echó toda el agua sucia al Legislativo, y también lo está notificando de que no están nada conformes con su cada día más evidente ‘liberalización’, es decir su cercanía con el partido donde militó durante buena parte de su carrera política y que es el partido de sus ancestros.

Santos, cada día más cerca del Partido Liberal

Uno de los primeros comerciales que sacó el Partido Liberal durante el gobierno de Juan Manuel Santos habla de “las ideas que gobiernan” y su propósito no era otro que el de destacar algunas de las iniciativas que Santos había sacado adelante, entre ellas la Ley del Primer Empleo y la Ley de Víctimas, las cuales tuvieron su origen en las filas del liberalismo.

El talante liberal que mostró Santos empezó a alejarlo del Partido Conservador y del Partido de La U, que habían sido fundamentales durante los ocho años de mandato de Álvaro Uribe. Cuando Uribe arreció sus ataques contra Santos por haber descuidado, según buena parte de sus trinos, el “huevito” de la Seguridad Democrática y haber mostrado un espíritu derrochador, tanto los dirigentes del Partido Conservador como de La U optaron por el silencio o por tibias declaraciones.

Las únicas voces de respaldo que escuchó Santos dentro de la Mesa de Unidad Nacional provinieron del liberalismo, especialmente del presidente de la Cámara, Simón Gaviria. Es decir, ante la arremetida de Uribe y de los uribistas, Santos terminó encontrando más solidaridad dentro de las filas del partido de su tío-abuelo que en las de su propio partido.

Santos, lejos del Partido Conservador

Así como los liberales consideran que Santos gobierna con sus ideas, los conservadores sostienen que Santos no gobierna con sus ideas, a pesar de haber contado con su respaldo para llegar a la casa de Nariño y de ser un partido que hace parte de la Mesa de Unidad Nacional. Y es que Santos -a diferencia de Uribe que les dio mucho oxígeno burocrático- ha preferido marcar territorio ante los voceros del partido de Caro y Ospina.

De hecho, fue Santos el que más interés mostró en destapar los escándalos de corrupción en las entidades que eran consideradas fortines conservadores, como la Dirección Nacional de Estupefacientes. En otros temas, como el de la legalización de las drogas, que ha ventilado públicamente en diversos escenarios internacionales, Santos ha mostrado el talante liberal que pocas simpatías despierta en las huestes conservadoras.

A ello se suma el hecho de que Uribe sí ha mantenido sus estrechos vínculos con los azules a quienes constantemente llama y consulta. A diferencia de Uribe que se mostró excesivamente generoso con los conservadores en materia burocrática, a Santos le ha tocado repartir la torta entre varios partidos, lo que terminó afectando las cuotas conservadoras. En las actuales circunstancias los dirigentes azules le han hecho saber al Presidente que su apoyo debería ser retribuido con la ampliación en la nómina. Santos lo está pensando.

Los verdes: la pata que le falta a la Mesa de la Unidad

En el caso del Partido Verde, todo parece indicar que son más las ganas de Santos por meterlos a la Unidad Nacional que la de sus dirigentes por meterse. De hecho, se sabe que el Mandatario en más de una oportunidad ha tentado a Lucho Garzón con un ofrecimiento en un cargo del Gobierno, entre ellos el de ser representante de Colombia ante la OEA, oferta que el ex alcalde de Bogotá declinó.

Recientemente, el propio Garzón con una de sus frases efectistas resumió la relación de los verdes con el presidente Santos: “nosotros no vamos a chantajear al Gobierno”. Se trata, obviamente, de un mensaje a Bolívar para que lo entienda Santander. Es decir, nosotros no estamos pidiendo puestos para respaldar a Santos, como sí sabemos que están haciendo otros partidos.

Y en lo que tiene que ver con otros dirigentes verdes, Antanas Mockus guarda silencio, Enrique Peñalosa solo opina de Bogotá, y Sergio Fajardo está aplicado haciendo la tarea como Gobernador de Antioquia. Conclusión: con los verdes es mejor que Santos no cuente…. Por ahora.

La U: una pierna en la Casa de Nariño y la otra en ‘El Ubérrimo’

A pesar de figurar como uno de los fundadores del Partido de La U y de ser uno de sus jefes naturales, Santos no siente que su partido lo esté apoyando de forma decidida en los actuales momentos y que varios de sus dirigentes prefieren escuchar más la voz de Uribe que la suya.

“Lo que pasa es que con Uribe hablamos directamente, mientras que con Santos tenemos que pasar por varios retenes y muchas veces los mensajes no se los dan completos”, me respondió un senador de ese partido, quien aún cree que las cosas entre ellos pueden mejorar. Otros senadores, como Juan Carlos Vélez, ya tomaron partido abiertamente por Uribe y en cualquier momento toman la decisión de abandonar el barco.

De hecho, Vélez es el gran promotor de la Asamblea Constituyente, que es una de las figuras consentidas por Uribe y cuestionada por Santos. En la Cámara de Representantes, Miguel Gómez Martínez también ha mostrado cercanía con Uribe y distanciamiento de Santos. Es decir, Santos no tiene el pleno respaldo de La U y el campanazo de alerta corrió por cuenta de la votación mayoritaria que obtuvo el nuevo magistrado Luis Guillermo Guerrero.
Análisis
Óscar Montes
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes

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El episodio al que se refiere Uribe es el que tiene que ver con la captura del jefe guerrillero de las Farc Rodrigo Granda en diciembre de 2004 en el vecino país, operación que en su momento estuvo a punto de ocasionar el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. En aquella oportunidad, voceros del gobierno venezolano denunciaron que detrás de la intrépida acción estuvieron organismos de Inteligencia internacionales, concretamente de Estados Unidos. Tanto Chávez como sus más cercanos colaboradores, entre ellos el entonces vicepresidente José Alfredo Rangel, señalaron a Uribe de haber “secuestrado” a Granda por orden del entonces presidente estadounidense George W. Bush, con quien Uribe mantuvo estrechas relaciones.

La captura de Granda fue en su momento uno de los más duros golpes propinados a las Farc, pues el jefe guerrillero era considerado su ‘canciller’ y la persona que se encargaba de mover los hilos internacionales, junto a Raúl Reyes, quien fuera posteriormente abatido en territorio ecuatoriano, en otra operación militar que también produjo la más grave crisis diplomática con el gobierno de Rafael Correa.

Tanto Chávez, por Granda, como Correa, por Reyes, señalaron a Uribe de violar la soberanía de sus países, y sus reclamos fueron escuchados por la comunidad internacional y tuvieron acogida en los gobiernos de Luiz Inácio Lula de Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua, entre otros.

En sus recientes trinos contra Chávez, Uribe ha recreado todo el episodio de Granda y ha contado detalles del comportamiento asumido por el mandatario venezolano y su supuesta cobardía al no enfrentar a las Farc.

Es lo cierto, sin embargo, que la novela de Granda tiene dos capítulos: el primero es el de su captura y el segundo es el de su liberación. Uribe narra todos los detalles del primero, pero se cuida muy bien de brindar mayor información sobre el segundo.

Y es que, en efecto, sobre el segundo capítulo de esa novela lo que se sabe es que Uribe liberó a Granda por solicitud expresa de Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, quien lo convenció de que el ‘canciller’ de las Farc sería fundamental para la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permanecía en poder de ese grupo guerrillero desde 2002. El mandatario argumentó, en ese momento, que la liberación del jefe guerrillero obedecía a “razones de Estado”. Nada más. Luego se vino a saber que cerca de otros 50 guerrilleros también recibirían ese beneficio siempre y cuando se comprometieran a no seguir militando en ese grupo subversivo.

Lo curioso es que el país aún ignora cuáles fueron los compromisos que Uribe adquirió para liberar a Granda y cuáles los de Francia. ¿Por qué el Gobierno colombiano decidió liberar al jefe guerrillero, después de que su captura significara para el país casi que el rompimiento de relaciones con Venezuela? ¿A qué se comprometió el gobierno francés a cambio de la liberación de Granda? ¿Hubo acuerdos entre Francia y las Farc para liberar a Granda? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Ya que Uribe está tan interesado en revivir la historia, ¿por qué no nos cuenta a los colombianos bajo qué condiciones liberó a Granda, quien en su momento se negó a renunciar a las Farc y hoy hace parte de los jefes militares de ese grupo guerrillero? ¿Cuáles fueron las razones de Estado tan poderosas como para que al país nunca se le informara sus reales motivaciones?

Ojalá que en el libro que está a punto de publicar sobre sus ocho años de mandato –y que según sus allegados “será explosivo”–, Uribe cuente todos los pormenores de este episodio, que aún hoy tiene más preguntas que respuestas.¿Será que el ex Presidente se anima a contar la verdad verdadera de lo que pasó para que liberara a Granda por razones de Estado?

Por Óscar Montes
oscarmontes65@yahoo.es

Se trata, pues, de una lista de verdaderos pesos pesados, cuyo reconocimiento nacional no admite dudas y quienes cuentan con una enorme audiencia.

El surgimiento del movimiento Pido la Palabra coincide con el momento en que la política nacional empieza a polarizarse entre las posturas del presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe.

Es decir, de entrada Pido la Palabra tienen un enorme potencial electoral, pues cada día es más evidente el creciente número de potenciales electores que no comulgan ni con las posturas extremas de Uribe, pero tampoco comparten los programas y propuestas de Santos. “Colombia lleva años coqueteándole a una tercería, pero hasta ahora ninguna se ha consolidado”, me dijo un analista con quien conversé sobre el futuro político de Pido la Palabra. Aunque apenas comienza a diseñarse el tablero político del 2014, es claro que Pido la Palabra será protagonista de primer nivel y sus integrantes jugarán duro y serán determinantes a la hora de los resultados.

¿Una suma de matices o coherencia ideológica?

Uno de los grandes retos que tiene el Movimiento Pido la Palabra para consolidarse como alternativa de poder es lograr armonizar dentro de un solo colectivo a tantos líderes políticos con posiciones y pensamientos tan diversos.

Y si bien es cierto que entre varios de ellos hay mucha afinidad -como ocurre con Cecilia López Montaño y José Antonio Ocampo-, también es cierto que varios de ellos han estado en orillas diferentes, como sucede con el exministro Antonio Navarro y el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Mientras el primero es un consumado líder de la izquierda democrática del país, el segundo ha militado la mayor parte de su vida en las filas del Partido Conservador.

Y si bien es cierto que la diversidad enriquece las posturas políticas, no es menos cierto que la coherencia ideológica es la que termina definiendo la suerte de los movimientos y partidos políticos. La época en que la “suma de matices” definía a los partidos políticos quedó atrás.

La esencia está en lograr la despolarización

La creación del Movimiento Pido la Palabra es la primera respuesta concreta que recibe el llamado Puro Centro Democrático, que sigue las orientaciones de Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos y José Obdulio Gaviria, que a su vez fue lanzado en el Club El Nogal de Bogotá para oponerse a las aspiraciones reeleccionistas de Juan Manuel Santos.

Poco a poco se está conformando el tablero en el que habrá de jugarse la partida por las elecciones presidenciales y de Congreso de 2014, donde cada uno de ellos jugará un papel determinante en el futuro político nacional. La llegada de Pido la Palabra al espectro político nacional significa, en primer lugar, la despolarización que se ha venido cocinando desde que Santos y Uribe decidieron romper cobijas, luego de que este último enfilara baterías contra quien fuera su Ministro de Defensa. Pero significa también abrir el abanico de ofertas para que los colombianos puedan escoger acerca de los principales problemas nacionales.

Tanto Santos como Uribe, quienes son hoy por hoy los ejes que polarizan la política nacional, deberán diseñar estrategias y programas en los que se encuentren representados aquellos electores que, como ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales con la campaña de Antanas Mockus, buscan nuevas ofertas electorales. Como bien lo dijo la politóloga y analista Claudia López, Pido la Palabra es “un colectivo de ciudadanos demócratas e indignados que buscan ejercer la controversia con argumentos y propuestas, alejados de la polarización política y la demagogia”. Se trata, pues, de una interesante propuesta política cuyo futuro dependerá de qué tanto pueden transmitir sus propuestas a los colombianos.

Ni Santos, ni Uribe, ni Piedad Córdoba, esa es la clave

Es obvio que un movimiento que se crea para tratar de despolarizar la política nacional lo que pretende es jugar duro en las próximas elecciones, pues sus integrantes saben muy bien que quien logre calar fuertemente en ese nicho electoral tiene asegurado el protagonismo en las próximas elecciones.

De hecho, buena parte de quienes hoy hacen parte de Pido la Palabra, en el pasado reciente apostaron a fórmulas que buscaban convertirse en opción real de poder a partir de una propuesta de centro. A diferencia de Uribe, que apuesta cada día más a radicalizar las posturas políticas de los colombianos, y de Santos, que al responderle con las mismas armas, también contribuye a la polarización, los militantes de Pido la Palabra apuestan por el diálogo y las salidas concertadas, que es uno de los pilares de la política moderna. Ahí radica la fortaleza de Pido la Palabra. Ni Uribe, ni Santos, pero tampoco Piedad Córdoba con sus posturas radicales y extremas.

Por Óscar Montes
@leydelmontes

Como en Colombia existen secuestrados de primera y de segunda, así lo nieguen los secuestradores y algún sector de la sociedad, voy a ocuparme de dos víctimas de ese horrible delito, quienes, para su desgracia, no aparecen en las primeras páginas de los periódicos, ni son objeto de profundos pronunciamientos por parte del Gobierno, ni mucho menos de la empresa para la que trabajan. Se trata de la periodista Elida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe, quienes llevan varias semanas en poder del ELN, grupo que se atribuyó el hecho y lo justificó cínicamente diciendo que “todo megaproyecto del imperialismo, multinacionales y oligarquía, son y serán objetivo militar del ELN” (sic).

La grave situación que están viviendo Elida y Gina solo ha sido cubierta un par de veces: cuando el ELN las secuestró y cuando una semana después envió un video como prueba de supervivencia. Nada más. A nadie parece importarle la suerte de estas dos compatriotas, quienes no tienen la condición de extranjeras, que es una de las razones por las cuales los medios de comunicación del mundo fijan sus ojos en casos de secuestro; ni tampoco son políticas, que motivaría a la prensa nacional a fijarse en ellas.

Si Elida y Gina fueran extranjeras, como Roméo Langlois, por ejemplo, o políticas, como Ingrid Betancourt, quien tenía, además, la doble condición de política y extranjera, pues es ciudadana francesa, seguramente los medios de comunicación del mundo, particularmente los de Colombia, estarían hablando de su dramática situación diariamente y denunciando ante la comunidad internacional la atrocidad que el ELN está cometiendo con ellas. Pero no lo son, para su desgracia. Esa es la triste realidad.

Ni siquiera las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que por fortuna cada día son más en Colombia, se han apersonado del caso de Elida y Gina. No ha habido un solo pronunciamiento de su parte, como tampoco de aquellos políticos que han convertido el secuestro de nacionales en una bandera, como es el caso de Piedad Córdoba, quien ahora promueve el diálogo del Gobierno no solo con las Farc sino con el mismo ELN, grupo que reconoció tener en su poder a Elida y Gina.

Piedad debería exigirle al ELN la liberación de Elida y Gina como condición mínima para prestarse como gestora de un eventual diálogo de paz entre el Gobierno y ese grupo guerrillero. La voz de la ex Senadora cuenta con mucha audiencia internacional y seguramente su pronunciamiento tendría el eco suficiente para ser oída por organismos mundiales defensores de los Derechos Humanos. Los casos de Ingrid Betancourt y Roméo Langlois, para solo citar dos ejemplos, demostraron que cuando la comunidad internacional se apersona de los hechos, la guerrilla toma nota y escucha el mensaje.

De manera que, si queremos que Elida Parra Alfonso y Gina Paola Uribe regresen pronto al seno de sus hogares debemos convertir su liberación en un propósito común, de forma tal que el ELN se vea obligado a escuchar el clamor nacional e internacional y deje de una vez por todas su cinismo, que lo lleva a afirmar que las dos contratistas secuestradas son accionistas, o dueñas, de la multinacional que construye el Oleoducto Bicentenario y que por tanto tienen los recursos suficientes para pagar un multimillonario rescate. Nada más absurdo.

De manera que ya es hora de dejar de estratificar a los secuestrados, como si hubiera diferentes categorías para cubrir su tragedia. Un secuestrado es un secuestrado. Punto. Seguir tratándolos de forma diferencial, tanto el Gobierno, como las autoridades y los medios, sólo contribuye a acrecentar el negocio que tienen montado los grupos ilegales, malhechores que han convertido este delito en una gran ‘industria’.

oscarmontes65@yahoo.es